viernes, 30 de abril de 2010

Entrevista a Cayo Lara: “Llevar un velo en la cabeza no hace daño a nadie”


Cayo Lara (Ciudad Real, 1952), ha crecido entre los surcos de la tierra. Sabe, como buen agricultor, mirar al cielo y esperar la lluvia. Además, es como ese Quijote que empezó su aventura en un lugar de La Mancha y que no teme a los molinos. En este caso, su lugar de La Mancha es Argamasilla de Alba, donde fue alcalde muchos años. El coordinador de IU participó el jueves en un acto político en Alcalá junto a Gregorio Gordo, coordinador de IU-CM; y Pilar Fernández, coordinadora local de IU y candidata a la Alcaldía. En este acto, Cayo Lara reclamó “más Estado” y “más inversión pública”, con el mismo empeño que ha proclamado que los billetes de 500 euros cambiaran de color “para que aflore el matarile-rile-rile” del fraude fiscal. Ahora ve con alivio que en Francia le den la razón y supriman los binladen.

- ¿Qué le parece la polémica que se ha montado por el velo? En Alcalá, el líder de la comunidad musulmana ha llegado a decir que quitarlo es “una barbaridad” y “lapidar una ley de Dios”.
-Hay que ser respetuosos con los derechos y las culturas que tienen los pueblos en tanto en cuanto no afecten a las cuestiones sociales, de derechos individuales de los seres humanos. En mi opinión, que una persona lleve un velo en la cabeza no afecta, aunque la causa pudiera ser religiosa, al derecho individual de una persona, no hace daño directamente a nadie no atenta contra ninguna situación como atenta la ablación del clítoris o situaciones violentas y represivas que las religiones, en general, han ejercido a lo largo de la historia sobre la ciudadanía. No voy a decir que sea un debate ficticio, pero no es el que tiene la sociedad española. Son más cortinas de humo que otra cosa. Forma parte de su cultura llevar el pelo tapado… Otra cosa es que se tape el rostro y la identidad no se pueda conocer de cara a los seres humanos que vivimos y convivimos con ellos. Si caminamos en esta dirección habría que replantearnos que las monjas no deberían llevar puestos pañuelos en la cabeza a la hora de imprimir sus clases que dan en los colegios concertados y con dinero público. No es el debate y creo que no se están violando derechos fundamentales de los ciudadanos porque una chica lleve el velo en una clase.

-¿Le sorprende la tranquilidad y el cierto optimismo con el que Zapatero se toma los últimos datos del paro?
-Diría que se lo está tomando con mucha irresponsabilidad porque no puede ser que aparezcan, datos, al margen se que hayan aparecido filtrados, que marcan que hemos superado dos listones rojos gravísimos. Ya era grave la situación que arrastrábamos y hablar de un 20% de parados y de cuatro millones seiscientas mil personas es un dato que no se puede tomar con este optimismo que caracteriza a Zapatero. Es una irresponsabilidad grave, sobre todo cuando él mismo reconoce eufóricamente que hay un 80% de cobertura de la gente que tiene desempleo, pero hablar de un 20% de gente sin cobertura son 900.000 personas que no tienen nada que llevarse a casa. No se puede frivolizar y debería haber asumido autocráticamente esta situación y decir que va a adoptar medidas porque no es posible aguantar esta situación.

- El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, acaba de señalar que el Gobierno adoptará las que sean necesarias, incluida la reforma laboral.
-Lo que apunta ahora mismo en la propuesta del Gobierno es un recorte de los derechos laborales. No estamos viendo que se apunte en la dirección de generar más empleo en este país. Son las mismas recetas que han aplicado en reformas laborales y es lo que se ha puesto encima de la mesa, aunque está sin mucha concreción. Se puede resumir en reducir el periodo de despido de 45 días a 33 y de alguna manera, decir que el Estado, es decir todos los ciudadanos, nos podríamos hacer cargo de ese diferencial. Plantea aumentar el peso de las agendas de contratación temporal, que se han demostrado fallidas porque lo que han hecho ha sido alimentar el contrato precario, etc. En resumen, las conquistas laborales que hizo la clase trabajadora de este país en el momento más duro de la historia de España durante la dictadura y la transición democrática, en una España más débil, se pudieron abordar por parte de los empresarios y lo lamentable es que en un momento de crecimiento y de desarrollo económico resulte que tenga que ser a base de recortar los derechos de los trabajadores. Es incomprensible desde el punto de vista histórico.

- ¿Cómo hay que tomarse la rebaja de la calificación de la deuda?
- Hay que entender que son agencias norteamericanas y no son asépticas.

-¿Y tampoco previeron la crisis, no?
-Eso es. Son las que no previeron la crisis de las hipotecas basura, determinadas crisis en empresas y ahora recortan de manera muy drástica la calificación de Grecia, hasta el punto de que está planteando que a suprimir el 30% de los ayuntamientos, que ha reducido la calificación de Portugal y ha reducido tímidamente la calificación de de España. Lo que esta haciendo con esta reducción es que cuando tengamos que acudir a la deuda o refinanciar deuda tengamos que pagar más intereses de los que estamos pagando. Es la asfixia de los países para enriquecimiento de los inversores y especuladores, especialmente, que son a los que se deben estas mal llamadas agencias de calificación. Están descaradamente al servicio de los intereses de la especulación y del dinero que se mueve por el mundo y del dinero que se puede invertir desde los Estados Unidos. Es un jarro de agua fría más y es grave, pero más grave es que el Gobierno no reacciona para empezar a resolver el déficit y adoptar medidas para buscar el dinero donde está.

- ¿Y dónde está ese dinero?
- Hay que ir a la lucha contra el impresionante fraude fiscal que hay en España y hacer una reforma fiscal progresiva para que pague más gana y quien más tiene.

- Alcalá es una zona afectada por la crisis y la deslocalización. ¿Qué le parece que se trate de hacer una Zona Preferente de Reindustrialización?
- Requiere inversión pública y el Estado está caminando en dirección contraria. El Gobierno ha planteado una reducción de 50.000 millones de euros en la inversión pública del Estado y eso va en contra de cualquier proceso de reindustrialización que se pueda plantear en cualquier zona de España. Si dejamos en manos del mercado que se produzcan esos procesos y no interviene directamente el Estado seguiremos con las mismas recetas neoliberales que son las que nos han llevado a la crisis.

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