El 14 de julio de 1789 los trabajadores parisinos tomaron la Bastilla, una prisión que entonces sólo tenía a siete inquilinos pero que simbolizaba la monarquía absoluta de Luis XVI. Fue el primer paso hacia la Revolución francesa. Desde el 15 de mayo la Puerta del Sol se ha convertido en el escenario propicio de los indignados, que han llevado a cabo todo tipo de concentraciones y manifestaciones sin el pertinente permiso de las autoridades, en este caso de la Delegación del Gobierno. Pero ahora la broma se ha acabado. O al menos eso considera Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, que en su primera comparecencia ante los periodistas tras las vacaciones ya advirtió que el Gobierno central no puede permitir “que la Puerta del Sol se convierta en una Bastilla”.
Ni estamos en la Revolución Francesa, ni en el mismo país, ni siquiera los motivos que llevaron a los parisinos a echarse a las calles y del movimiento 15M a gritar a los políticos “que no, que no nos representan” son los mismos. Por mucho que lo fácil sea llamar a la revuelta callejera y que los desmanes se justifiquen por la indignación, entre la Bastilla y la Puerta del Sol hay más diferencias que coincidencias, aunque nadie debe olvidar que la historia demuestra que los errores del pasado se repiten.
Cada momento tiene sus causas y razones, pero también sus soluciones. Es cierto que la sombra de la crisis económica es alargada y que el otoño será caliente. Por eso, la comparación que Aguirre establece entre La Puerta del Sol y la Bastilla no es casual, tiene su miga porque la Francia de Luix XVI estaba sumida en una fuerte crisis financiera. Probablemente es más meditada de lo que parece y tras unas semanas de descanso en Pravia –nada como los verdes prados asturianos y el olor del cercano Cantábrico para cargar pilas-, Aguirre vuelve al primer plano político como a ella más le gusta, marcando los tiempos, sin morderse la lengua, siempre ágil y dispuesta a cualquier golpe de efecto.
Comparar la Bastilla con la Puerta del Sol no es gratuito, tiene sus efectos. Es, para empezar, la excusa perfecta para respaldar la petición de que se cree una policía autonómica, y de paso hacer mella en el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor en la cartera ministerial, Antonio Camacho, por no hacer lo que deberían hacer. Es decir, no permitir concentraciones que no tengan la correspondiente autorización y donde los policías solo miran, pero no tocan ni identifican. Por eso, Aguirre ha acusado a Rubalcaba y Camacho de “infringir la ley”, entre otras cosas por dar instrucciones a la policía para que no identifique a los indignados.
La lideresa popular sabe que el curso político arranca con los ánimos sindicales caldeados, con los primeros liberados sindicales que regresan a sus puestos de trabajo ‘tras años sin ejercer’ por el empecinamiento del Ejecutivo regional por reducir su número pese a quien pese, con las heridas sin cerrar de conflictos como la huelga salvaje de Metro o las protestas de sindicatos e indignados por la reforma constitucional express para fijar un techo de gasto en las administraciones públicas. Por si fuera poco, el fin de las vacaciones de agosto ha colocado a los docentes en pie de guerra contra el Ejecutivo regional porque ya saben que durante este curso tendrán 20 horas lectivas, dos más que hasta ahora, lo que supondrá que muchos interinos no serán contratados.
Si nadie lo remedia, el 14 de septiembre los institutos madrileños no abrirán sus puertas por una huelga que a día de hoy no es más que provisional. Hasta entonces, los oídos de Aguirre ya se habrán acostumbrado a escuchar de los sindicatos de la enseñanza que la presidenta regional “quiere más policías y menos educación”. Pero como su siempre admirada ‘dama de hierro’ Margaret Thatcher, la presidenta regional no va a dar su brazo a torcer, ni le asustan lo más mínimo las amenazas de huelga porque no son nuevas para ella: “Yo llevo 28 años en el servicio público y es raro el año que no tengo cuatro o cinco”.
Con lo que se viene encima en este otoño, y sin perder de vista las elecciones generales del 20-N, Aguirre ya ha dejado bien claro, en negro sobre blanco, que la Puerta del Sol no se puede convertir en la Bastilla ni permitir que los indignados se apropien de ella. En ese empeño, el papel de la policía en los próximos meses será determinante. Y ella lo sabe.
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