No eres tú, soy yo

La decisión de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de abrir el melón de la bajada de impuestos, con la rebaja de un punto del tramo autonómico de la tarifa del IRPF y la reducción del Impuesto sobre Patrimonio, es una escena más de la película cuya trama, sin olvidar a sus principales actores, los madrileños, es el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La batalla fiscal no ha hecho más que empezar y lo que ha hecho Aguirre, días después de reconocer que en su partido la consideran la “lideresa nacional”, es desenterrar el hacha de guerra, ya que es la primera presidenta de una Comunidad Autónoma que lo hace, y probablemente no sea la única. Este episodio se une a una queja eterna que los responsables del Ejecutivo regional no han dejado de amplificar en sus diversas comparecencias: la marginación a la que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero somete a Madrid. Dos conflictos recientes, en los que están en juego millones de euros, ejemplifican la lucha titánica entre dos administraciones, que les guste o no, están destinadas a entenderse, aunque tal vez, sus máximos responsables no sean capaces de convivir en una misma casa. Con el cierre presupuestario de fondo, y con las prisas que genera a estas alturas saber si las arcas regionales van a contar con los recursos necesarios en 2008, la Comunidad sigue a la espera de firmar dos convenios con el Gobierno muy importantes para todos los madrileños. Por un lado, el Convenio de Infraestructuras, con una propuesta encima de la mesa de 3.400 millones de euros, y por el otro, el convenio para aplicar la Ley de Dependencia, con otros 23 millones de euros en juego para atender a 23.400 dependientes de Madrid, según cifra el Estado en el Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia.El “cero patatero Zapatero” que el Ejecutivo central destina a Madrid para infraestructuras en obra pública nueva para 2008 es uno de los argumentos que Aguirre esgrime desde hace tiempo y que cobró todavía más fuerza tras conocer los Presupuestos Generales del Estado. Hasta tal punto es el desacuerdo, que la Comunidad reivindica una financiación del Estado de 7.521 millones de euros para llevar a cabo, en dos legislaturas, obras tan necesarias como el cierre de la M-50 con un túnel bajo el Monte de El Pardo, con la amenaza del Ministerio de Medio Ambiente, como ya anticipó la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Sin embargo, ésta última, en la reunión que mantuvo con Esperanza Aguirre el pasado 23 de octubre ofreció un protocolo de carreteras por valor de 3.400 millones de euros licitables hasta el 31 de diciembre de 2015, que incluye las anheladas obras del tercer carril de la A-2, pero pospuso la participación en la gestión de Cercanías o la transferencia de la M-40. Para Aguirre esos 3.400 millones, que suponen una media de 425 millones por año, son insuficientes y el inicio de otra legislatura siembra dudas sobre si de verdad se quiere llevar a cabo esa inversión. Así, no es raro que desde la Consejería de Transportes se pida que cada proyecto esté contemplado en los presupuestos de 2008. Las cifras marean, pero tras los desencuentros terminarán firmando el convenio. Eso sí, al Ejecutivo regional le seguirá pareciendo que Zapatero ignora a Madrid y el Gobierno central dirá que nunca han ninguneado a la Comunidad. Y ahí están los 4.564,53 millones de euros que Fomento dice que destinó a inversiones en Madrid. Cosa de cifras.Y también los números separan a la dos administraciones en un problema que afecta a decenas de madrileños, la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Cómo explicarle a una hijo que cuida de su madre, enferma de Alzheimer, que las ayudas que contempla la Ley de Dependencia no terminan de llegar? Antes de que acabe el año todos los grandes dependientes deberían estar evaluados, pero no va a ser así, al menos en Madrid. La Comunidad se niega a firmar los anexos, antes que el convenio, que supone 23 millones de euros, porque el Gobierno central no reconoce a los dependientes baremados antes de 2007. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Gádor Ongil, defiende que Madrid es “pionera” en la atención a dependientes y “no quiere ciudadanos de primera y de segunda”, pero llegado el caso, dadas las dificultades para poner en marcha una ley necesaria como ésta, que nació con muchas lagunas, pero con buena intención, lo mejor será tomar el dinero y correr.